Propuesta conjunta entre el Minvivienda y el Distrito, con la que se revivirían alrededor de 50 proyectos urbanísticos en la franja de adecuación de los cerros orientales.
Una resolución que emitió el alcalde Gustavo Petro en marzo de 2015 prácticamente había clausurado 50 proyectos urbanísticos, que estaban en marcha en la denominada zona de adecuación de los cerros orientales, antes del fallo del Consejo de Estado que ordenó proteger la reserva. Con el cambio de administración, el panorama parece diferente. La Secretaría Distrital de Planeación y el Ministerio de Vivienda buscan un salvavidas para los constructores, que tienen en riesgo multimillonarias inversiones.
Estas entidades expondrán hoy ante el Tribunal Superior de Cundinamarca su interpretación del concepto de “derechos adquiridos” en la franja de adecuación y, de paso, pedirán que lo adopten como instrumento a la hora de definir a quién y cómo cobija este concepto entre propietarios y constructores. De ser aceptada su propuesta, incluso proyectos que apenas tenían licencia para urbanizar (sin tener definida la obra) podrán adelantar sus construcciones.
El Espectador conoció el documento privado que le presentarán las dos entidades al magistrado César Palomino. En él se pide que las construcciones legales o las licencias urbanísticas otorgadas en la franja de adecuación, antes de 2013, sean consideradas como derechos adquiridos y se les permita seguir con sus desarrollos urbanos. Para eso, el propietario tendrá que demostrar que no sabía que su predio estaba afectado por la declaratoria de reserva, verificación que se haría revisando la historia del inmueble.
La franja de adecuación, sobre la que ha librado la disputa, es una zona de 973 hectáreas que le fueron extraídas a la reserva de los cerros (15.000 hectáreas) para definir una línea para contener la expansión de la ciudad sobre sus montañas. Con el fallo del Consejo de Estado, aunque se prohibían nuevas obras, se mencionaban los derechos adquiridos. Era claro que lo ya construido se mantenía. Sin embargo, había dudas alrededor de los proyectos que tenían licencia y terrenos, pero seguían en el papel.
En medio de la incertidumbre, el exalcalde Petro, a su juicio y aplicando el fallo del Consejo de Estado, emitió una resolución que declaró la franja de adecuación como suelo rural, frenando cualquier intención de construir. Esto desató una pugna con el Ministerio de Vivienda, que cuestionaba la interpretación del alcalde al fallo. El entonces ministro Luis Felipe Henao, incluso, denunció a Petro por desacato.
Con el cambio de administración, el Distrito y el Ministerio de Vivienda empiezan a entenderse. De ser adoptada la solicitud que estas entidades le harán al Tribunal de Cundinamarca, los constructores con proyectos en la franja de adecuación podrían retomar las obras. En ese escenario hipotético se resolvería la pugna que viene desde el 2005, cuando a través de medidas cautelares emitidas por el propio Tribunal de Cundinamarca, quedaron suspendidas todas las obras que se proyectaban o avanzaban en la zona.
El lío del uso del suelo
Ante este panorama, el mayor temor de los ambientalistas es que el Distrito cambie el uso del suelo de la franja de adecuación de rural a urbano. Resolver el problema de los derechos adquiridos podría ser un paso previo a la iniciativa.
Sin embargo, según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), allí no han recibido una propuesta formal para hacer ese cambio. Lo que sí saben es que la administración trabaja en una iniciativa para reevaluar la situación de esa zona.
Ante un posible cambio en ese sentido, la CAR como autoridad ambiental sostiene que no descartaría evaluar la propuesta, sobre todo porque no tiene sentido que se conserve la categoría de “rural” sobre predios que están urbanizados, en los que hay 60 barrios. Eso sí, aclara que seguirá velando por la conservación de los terrenos que no han sido ocupados.
Si bien el argumento de la CAR es lógico, para los defensores de los cerros esto tendría otras implicaciones. En una carta dirigida al magistrado Palomino, firmada por ambientalistas y políticos, se advierte que clasificar la franja como suelo urbano generaría “presiones de los propietarios para que se construya infraestructura y les autoricen construcciones, elevando el precio del suelo, convirtiéndose en un obstáculo para crear una zona ecológica y de uso recreativo para disfrute de toda la ciudadanía”, como lo dispuso el Consejo de Estado.
El debate sobre el futuro de los cerros está en un punto clave. Las decisiones que se tomen en las próximas audiencias pueden ser definitivas para poner fin a una lucha que ajusta más de una década en los tribunales.
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