Miles de vendedores salieron a la calle de la capital el 29 de febrero
para protestar en contra de las medidas represivas adoptadas en su contra desde
el inicio de la administración de Peñalosa. Decomiso, multas y encarcelamientos
son algunos de los ingredientes de la estrategia del Alcalde para “recuperar”
–a nombre de todos los habitantes de la ciudad– el espacio público, disfrutado
de forma inequitativa por los ciudadanos de la capital. Derecho al trabajo, a
la vida, la alimentación, salud, educación (entre otros) vs. Espacio público.
En pugna por su sobrevivencia resisten miles de trabajadores independientes y
precarios de la capital. Mientras aquí aprieta, en el otro espacio público, el
de los humedales y zonas verdes, cede ante las empresarias de la construcción.
El 29 de febrero Bogotá amaneció refrescada con aires de protesta. Desde
cuatro puntos distintos de la ciudad partieron alrededor de 18.000 personas
hacia la Plaza de Bolívar, sede de la alcaldía de la ciudad, en una concurrida
marcha que tapizó de rostros populares, vestidos de blanco, y arengas
reivindicativas por el derecho al trabajo y al pan algunas de sus calles más
importantes. Inmensa población: según datos del Instituto para la Economía
Social (Ipes) hasta junio del 2015 estaban censados en Bogotá 47.800 vendedores
informales; las localidades de Suba con 1.494, y la de Chapinero con 2.284, es
donde existe mayor concentración de los mismos.
La masiva concurrencia no era casual. Miles de quienes tienen que
rebuscarse por cuenta propia, disimulando el desempleo y la precariedad laboral
que reina en el país, sin ingresos seguros ni seguridad laboral ni seguridad
social alguna, están cansados que por orden del nuevo alcalde de la ciudad –que
le cumple así a los grandes comerciantes que lo financiaron– la policía no los
deje ofrecer sus mercancías con tranquilidad.
Su paso fue constante, y sus voces fuertes. Una y otra vez gritaron su
rechazo a las pretensiones del alcalde Peñalosa, la cual los excluye, desconociendo el
derecho que todo ciudadano colombiano tiene para ganarse la vida de forma
honrada, mucho más cuando el Estado no supera su incapacidad para ofrecer
condiciones mínimas para la sobrevivencia de miles de familias de escasos
recursos.
Según sus organizadores, esta marcha es la primera jornada
multitudinaria a partir de las cuales exigen un diálogo abierto y franco al
Alcalde. Por su lado el mandatario capitalino sigue insistiendo ante los medios
de comunicación en que lo realizado cada día por los vendedores ambulantes es
una “invasión del espacio público”, lo cual deforma e impide que Bogotá sea la
ciudad que él sueña: una pulcra capital, desprovista de pobres, ojalá
proscritos a la lejana periferia capitalina.
Tal vez en sus noches de insomnio, en las cuales suma los beneficios que
recibe por los negocios derivados de cada una de las medidas que toma en
beneficio de los más ricos de la ciudad, el Alcalde, habitante consuetudinario
de ciudades gringas y europeas, olvida que en estas tierras del Divino Niño y
del Sagrado Corazón de Jesús, ni el pan, ni el techo, educación o salud, han
sido garantizados por el Estado, siquiera en los mínimos necesarios para
conservar la dignidad de sus ciudadanos, por lo cual la urbe desde hace
décadas, terminó por ahogarse chapoteando entre los legamos del neoliberalismo.
Algo que muchos no alcanzan a comprender. Cuando millones de ciudadanos
han sido abandonados a su suerte por parte del Estado, al azar de las escasas
posibilidades de encontrar compradores para su fuerza de trabajo poco
calificada, sigue siendo legítimo, tal y como lo sostuvieron los vendedores,
ocupar el espacio para ganar los recursos que les permita sobrevivir en esta
selva de cemento.
El problema es complejo, los vendedores desarrollan un tipo de trabajo
precario pero las condiciones socioeconómicas de muchos distan de serlo, es
cierto. Además de esto en diversas zonas de la ciudad algunos tienen que pagar
alquiler a parceladores de andenes para que les permitan trabajar. Sin embargo
no son todos, ni siquiera la mayoría como pregona el Alcalde; mucho menos puede
predicarse que los ambulantes sean los sujetos infractores, dúctiles,
maleables, sin consciencia, que devela el imaginario de Peñalosa
por cuenta de sus intervenciones. Son hombres, mujeres, jóvenes, padres de
familia, líderes barriales, estudiantes, subvalorados ciudadanos, ponderados
por la abusiva métrica de lo que entorpecen y no por aquella con que contempla
lo que aportan a la sociedad.
Han prometido los vendedores callejeros una larga lucha, un prolongado
pulso que puede ir calentándose ante las persistencia del poder local por
negar, ignorar, despreciarlos como ciudadanos que bregan en las calles para
sobrevivir, pero que deben ser reconocidos como acreedores de plenos derechos
al igual que cualquier ciudadano de vestido o alpargatas en este país. Así lo
entendieron instancias jurídicas cuando fallaron tutelas a favor de vendedores
ambulantes, quienes a pesar del crujir de dientes de la administración
distrital, retornarán con sus carros y chazas a repoblar el espacio público de
la capital para seguir ganando su sustento.
Poco les falla la memoria a los vendedores. Aún cargan nítidas en sus
cerebros y retinas el recuerdo de las persecuciones, golpes, encarcelamientos,
multas y decomisos que sufrieron durante la primera administración de Peñalosa 1997-2000, pero en esta oportunidad
están dispuestos a defenderse, y para ello están mejor organizados y dispuestos
a desplegar acciones de mayor contundencia. Siguen dispuestos a hablar, llaman
al Alcalde a la creación de una mesa de concertación que permita construir
soluciones entre todos, que el Distrito renuncie a la imposición unilateral de
la voluntad del burgomaestre apoyada en los gases y el bolillo de sus perros
del Esmad.
La larga marcha blanca ya empezó...
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