El 24 de mayo se conmemorarán
cuatro años del brutal asesinato de Rosa Elvira Cely, sucedido en Bogotá. Su feminicidio
adquirió especial relevancia el pasado 15 de mayo por cuenta del concepto
emitido por la Secretaría de Gobierno capitalino en el cual la responsabilizaba
a ella por su propia muerte. El rechazo a tal concepto no tardó, mítines y protestas
tomaron cuerpo en la ciudad. El suceso sirvió para recordar, de acuerdo a la
Fiscalía General de la Nación, que en los últimos diez años se abrieron 34.571 procesos
relacionados con feminicidio y solo han sido ejecutoriadas 3.658 condenas, lo
que configura una impunidad del 90 por ciento. Según Martha Ordoñez, Consejera
para la Equidad de la Mujer, cuatro feminicidios son cometidos al día en
Colombia, 12 por ciento de ellos a cargo de sus parejas o sus exparejas..
El jueves 24 de mayo de 2012 a las 10 pm,
luego de salir de clase, Rosa Elvira
Cely aceptó tomar unos tragos con Javier Velasco y Mauricio Ariza,
compañeros en el Colegio Manuela Beltrán, institución en la que cursaban
estudios de validación de bachillerato. Horas más tarde Velasco, quien había
tenido una relación sentimental con Rosa Elvira, se ofreció para llevarla hasta
su casa pero desvió el rumbo y llevó a la mujer a inmediaciones del Parque Nacional,
allí la sometió –golpeándola en la cabeza y asfixiándola–, para luego
apuñalarla e introducir ramas de árboles en su vagina y su ano. Cinco días duró
la agonía de Rosa Elvira Cely quien
falleció por complicaciones producto del trauma craneoencefálico, una infección
interna y las múltiples laceraciones de su útero e intestinos provocadas por el
vil empalamiento a que la sometió su victimario.
Terrible historia la de esta mujer que
además de la muerte violenta sufrida, durante su existencia debió soportar
múltiples victimizaciones : Victima del sistema educativo y laboral colombiano
pues no pudo culminar sus estudios de secundaria, otro ejemplo de las
inequidades de género endógenas al sistema educativo nacional; además, ganaba
25.000 pesos diarios vendiendo minutos frente al Hospital Militar de Bogotá en
un “empleo” precario; víctima de la violencia sexual y física de Velasco;
víctima del sistema de salud, aquella fatídica noche agonizando logró
comunicarse con la línea 123 a las 4:37 de la madrugada, la ayuda tardó 2 horas
en llegar, luego fue trasladada al hospital más distante a la zona (Santa
Clara) donde clasificaron su emergencia como Triage 2, por ello tuvo que
aguardar en la sala de espera hasta que sufrió un paro cardíaco y solo entonces
recibió la atención médica que necesitaba; víctima del sistema judicial pues su
victimario, que había asesinado a machetazos diez años atrás a Dismila Ochoa,
tenía un proceso vigente en la fiscalía 254 seccional que inició por una
denuncia de Araceli Blanco quien lo acusó ante las autoridades de abusar de su
hija de 11 años, tenía, además, orden de captura vigente desde el 2008 por
golpear y abusar sexualmente de una prostituta a quien obligó a tener
relaciones sexuales sin preservativos. Sin embargo solo recibió un tratamiento
intramural psiquiátrico que no estuvo acompañado de ningún seguimiento, nunca
fue capturado en cumplimiento de la orden judicial emitida, no fue detenido en
su carrera delictiva por las autoridades del Estado, ni por la sociedad.
Una nueva victimización
Situación infame. Como si hubiera espacio
para una nueva afrenta en contra de esta mujer, una nueva victimización vino a
mancillar la majestad de su muerte y la dignidad de su memoria. La Oficina
Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un concepto en donde
interpreta que los terribles acontecimientos que desencadenaron en el asesinato
de Rosa Elvira, eran “Responsabilidad exclusiva de la víctima”. Según el
concepto todos los compañeros del colegio sabían que los implicados en el
feminicidio tenían comportamientos raros y los “tildaban de malosos”, no
obstante: “[...] lo anterior ROSA ELVIRA
CELY salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos (así se registra en
la historia clínica cuando se afirma que ingresa con aliento alcohólico), va a
departir a un bar, se traslada en la moto con Javier Velasco al sitio donde
ocurrieron los hechos, sitio que todos sabemos es desolado e intransitado en
las noches. Puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto que JAVIER
VELASCO le cercenó su existencia; si ROSA
ELVIRA CELY no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de
terminar sus clases en las horas de la tarde, hoy no estuviéramos lamentando su
muerte”.
Abyecta causalidad. Resultó
entonces que esta mujer era responsable de su propia muerte porque cometió la
impertinencia de ir a tomar tragos con sus compañeros de estudio, por no irse
desde el lugar de su estudio para su casa como suponen que toda mujer debería
hacer, por irse a un lugar solitario, apartado y peligroso para las mujeres
(como si hubiera que aceptar este discriminatorio determinante), por poner en
riesgo con los anteriores factores de riesgo su vida. Insólita la mixtura entre
lógica jurídica trastocada y percepciones machistas de los abogados de la Alcaldía
que emitieron este concepto: siguieron la misma lógica de quienes endilgan a
las mismas mujeres la responsabilidad de sus violaciones, abusos, vulneraciones
verbales, violencias simbólicas, etcétera, por su forma de vestir, actuar,
comportarse, de pensar.
No todo pudo ocurrir a espaldas de la
administración distrital. Han pretendido convencernos que el concepto de un
caso tan polémico, delicado y trascendente fue ignorado por el Secretario de
Gobierno, Miguel Uribe, y por el alcalde Peñalosa, quienes al vislumbrar
relámpagos en el horizonte se esmeraron en ser unos de los abanderados de la
rectificación, en desvincular de la alcaldía a funcionarios de tercer nivel
–como Nayive Carrasco– por esta afrenta propiciada, desde el seno mismo de la institución,
a todas las mujeres. Vergonzosa equivocación de la Alcaldía bogotana que
también ignoró la existencia de la Ley 1761 de 6 de julio de 2015, “Ley Rosa
Elvira Cely”, donde se tipifica el feminicidio como delito autónomo, se toman
medidas para prevenirlo y erradicarlo, se adoptan estrategias para sensibilizar
a la sociedad colombiana y garantizar a las mujeres una vida libre de
violencia.
Se encienden las protestas.
Como chispa en polvorín cayó el concepto de
la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno entre mujeres activistas,
segmentos académicos, políticos y la opinión pública en el país. Cundió la
indignación y las protestas no se hicieron esperar. Un agitado plantón tuvo
lugar la tarde del 16 de mayo en inmediaciones al Palacio Liévano donde un
centenar de manifestantes de diversos géneros y procedencias elevaron sus
voces, agitaron consignas y exigieron la renuncia del Secretario de Gobierno
Distrital ante la infame afrenta cometida contra Rosa Elvira Cely.
Sobre el concepto emitido por la Oficina
Jurídica se refirió Javier Omar Ruiz, miembro del Colectivo Hombres y
Masculinidades: “La administración distrital tiene una mirada sesgada de género
hacia los derechos de las mujeres y también ha hecho una lectura desde el
sistema patriarcal que hace parte de la lógica estructural de la
administración, la administración no se ha preguntado que tiene que empezar a
replantear los paradigmas desde donde piensa políticas públicas, desde donde
piensa sus pronunciamientos públicos, desde donde hace administración pública.
Lo que pasó con el caso de Rosa Elvira es una muestra clara de cómo está
pensando la administración sobre estos temas”.
Jenny Julio, integrante de Tejido de Mujeres
Jóvenes, también se refirió a este concepto que en su opinión violenta a las
mujeres: “Es un comunicado bastante machista, que representa una posición
machista de la institución y es violento contra todas las mujeres de la ciudad.
Es violento en el sentido en que acusa a las mujeres de las situaciones de
acoso y las situaciones de violencia que perpetran contra nosotras. Entonces,
nosotros tenemos que manifestarnos en contra porque es que somos la mayoría de
la población de la ciudad, para nadie es un secreto que las mujeres somos la
mayoría, somos más del 50 por ciento de la población. Somos las que más
sufrimos violencia, no solo sexual, sino una violencia social acá en Bogotá”.
Ciudadanas independientes, sin pertenencia a
ningún colectivo o movimiento político también participaron por iniciativa
propia en la protesta y trajeron con ellas sus apreciaciones, tal es el caso de
Liliana Olaya Cabrales: “No pertenezco a ninguna organización, soy mujer
indignada frente a la decisión y al concepto de que la culpable ahora es la
víctima. Siento indignación, me duele el estómago, me duele el alma de que una
mujer que sufrió semejante maltrato, semejante tortura, después de cuatro años
sea el Estado (quien debe garantizar nuestra protección) el que ahora dice que
ella fue culpable. El Secretario de Gobierno dejó claro con lo de ayer que no
nos va a proteger, el maneja la seguridad pero estamos más inseguras que
nunca”; y Daniela Muñoz: “No pertenezco a ningún grupo, soy estudiante de la
Universidad Central [...] Que las mujeres nos vistamos de una forma no quiere
decir que nos estemos vistiendo para el pene de los hombres, nos estamos
vistiendo como se nos da la gana porque somos mujeres y tenemos los mismos
derechos que el hombre. La Constitución está hecha para todos y para nosotras
también. Somos mujeres y queremos respeto”.
La actriz Alejandra Borrero también estuvo
presente en la manifestación; ella considera que aún no puede decirse que las
mujeres en Colombia sean totalmente libres, sin dejar de luchar también siguen
necesitando del apoyo estatal: “Ninguna mujer en Colombia es realmente libre,
nosotras tenemos siempre que pensar si salimos o no; si tenemos ganas de comer
algo a la media noche no podemos salir a comernos un perro caliente porque
podemos ser abusadas [...] Las mujeres tenemos en Colombia grandes problemas y
si el Gobierno y la administración no hace su parte, como tiene que ser, las
mujeres colombianas seguirán siendo todos los días víctimas de violencia. Así
que es una gran responsabilidad para un funcionario público salir a decir una
cosa como esa, no hay derecho que lo hagan y menos después de todas las cosas
que se han hecho”.
La reconocida dirigente política Ayda
Avella, pidió en la manifestación la cabeza del Secretario de Gobierno: “Yo
creo aquí lo que interesa es que todas las mujeres sean respetadas, pero sobre
todo que cuando se presente un acto de agresión hacía las mujeres, ya sea en el
ambiente familiar, en la calle, en la ciudad, todas tengamos que salir a decir,
basta ya. El índice de feminicidios en Colombia es muy alto, pero lo que
sucedió en Bogotá –que generó además una Ley de la República contra el
feminicidio–, que lo ignore un Secretario de Gobierno, esto no tiene
francamente ninguna explicación. Por eso estamos diciendo que renuncie, que se
vaya, porque si no leen ni los periódicos, por favor, esa es una situación en
la cual la revictimización para las mujeres se ha hecho presente y por parte de
un Secretario de Gobierno y por parte también del Alcalde que se muestra muy
compungido de los errores que ha cometido, pero que no es capaz de pedirle la renuncia
a su Secretario de Gobierno. Él tiene que irse porque nos ha ofendido a todas
las mujeres colombianas, pero también a las mujeres del mundo”.
Patricia Jaramillo, profesora del
Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia ve el asunto
como un problema de profundo calado en la administración distrital a la que
tildó de feminicida: “Estoy indignada porque considero que se está mostrando la
verdadera cara de esta administración que no ha respondido por la política de
mujeres que ya en el Plan de Desarrollo evidencia que no dejó ni siquiera el
diez por ciento para las mujeres de Bogotá, que somos más del 50 por ciento de
la población bogotana, y con esta decisión evidencia que es una administración
feminicida. Estoy indignada. Ningún funcionario, con la responsabilidad que
tiene el Secretario, va a permitir que salga un concepto de ese orden para el
proceso que se está llevando a cabo hace más de cuatro años. Es gravísimo lo
que sucedió y las mujeres estamos en la calle porque exigimos coherencia y
respeto con nuestros derechos”.
Expresiones de abierta rebeldía y rechazo
las protagonizadas en el plantón resumidas en las palabras de Mar Candela
“Estoy emputada hermano, no hay otra definición. No estoy indignada, no estoy
molesta, no estoy cansada, no estoy triste, no estoy decepcionada, yo estoy
emputada, y es hora que Colombia se empute por las mujeres, ni empleadas
domésticas, ni putas, ni santas ¡Todas! ¡Y si nos tocan a una, nos tocas a
todas!”.
Ley 1761 de 6 de julio de 2015. Ley Rosa Elvira Cely
La Ley 1761 de 2015 fue promulgada en
respuesta a la presión social suscitada por el terrible asesinato de quien es
recordada con el nombre de esta Ley, acto violento que puso sobre el orden del
día legislativo, la desbordada incidencia de este tipo de delito en Colombia.
La Ley tiene por objeto “[...] tipificar el
feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción
de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación,
así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de
sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral
y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”.
Además, graba con penas de 250 a 500 meses
de prisión a quien cause la muerte a una mujer por motivos de ser mujer o por
su identidad de género, cuando dicha muerte precede a:
1. haber tenido una
relación familiar, íntima, de compañerismo o trabajo y ser perpetrador de un
ciclo de violencia;
2. Ejercer sobre el cuerpo
y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o
acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad;
3. Cometer el delito en aprovechamiento
de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la
jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural;
4. Cometer el delito para
generar terror o humillación a quien se considere enemigo;
5. Que existan antecedentes
o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico,
familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima
o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente
de que el hecho haya sido denunciado o no;
6. Que la víctima haya sido
incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el
tiempo previo a la muerte de aquella. También adiciona al Código Penal el
artículo 104B que establece circunstancias de agravación punitivas que
incrementan la pena por los asesinatos de las mujeres de 500 a 600 meses de
prisión, entre otras disposiciones.
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